Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Este 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca principalmente llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad, para con acciones conjuntas (Estado y sociedad) poner fin a la vulneración de derechos de las mujeres.
La violencia contra la mujer en el ámbito laboral continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en el Ecuador. Según las más recientes cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019), el 20% de mujeres en el Ecuador afirman haber sufrido violencia laboral a lo largo de su vida; de ese porcentaje, el 17% manifestó haber sufrido violencia sexual, 14% violencia psicológica, y 1% violencia física. Asimismo, en el ámbito laboral, 88% de las víctimas de violencia física y 97% de víctimas de violencia sexual y psicológica no denunciaron a sus agresores.
El 21 de junio de 2019, la Organización Internacional del trabajo adoptó el Convenio No. 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en los espacios de trabajo y así mismo emitió la Recomendación R206, documentos que establecen los estándares mínimos sobre el derecho que tienen las personas a laborar en un espacio libre de violencia, acoso y discriminación.
En el mes de enero del año 2020, la Asamblea Nacional del Ecuador ratificó el Convenio 190 de la OIT (C190), el mismo que entró en vigor desde el 19 de mayo de 2022, fecha a partir de la cual el Ecuador tiene la obligación de iniciar las acciones necesarias para promulgar leyes y acuerdos que hagan efectiva la aplicación del C190.
Si bien desde el Estado Ecuatoriano y la sociedad civil se han impulsado algunas campañas, actividades o normativa encaminadas a prevenir la violencia contra la mujer en el ámbito laboral, las acciones han sido esporádicas y no recurrentes, por lo que no han generado grandes resultados en la disminución de violencia, acoso o discriminación en los espacios de trabajo, por lo que es evidente la necesidad de que se promulgue normativa más adecuada, de la mano con acciones eficientes para evitar la violencia, acoso y discriminación en los espacios de trabajo.